Aunque el mercado ha mostrado señales de recuperación aún está muy lejos de lo alcanzado décadas atrás
Si Venezuela aspira a consolidar la recuperación económica y atraer nuevas inversiones, resulta necesario revisar aquellas cargas que encarecen la actividad productiva y limitan el acceso de los consumidores a bienes esenciales para la movilidad. El mercado automotor es uno de los casos más evidentes.
La realidad actual difiere de la que dio origen a buena parte de la estructura arancelaria vigente. Las erradas políticas económicas implantadas por los gobiernos de Chávez y Maduro ocasionaron la salida de las ensambladoras. En la actualidad prácticamente no se ensamblan vehículos ni se abarcan todos los modelos, la nación depende de la importación para abastecer su demanda. En estas condiciones, los aranceles y demás tributos aplicados a las unidades terminadas se trasladan al precio final, elevando el costo que debe asumir el comprador.
Como consecuencia, la renovación del parque automotor avanza a una velocidad inferior a la necesaria. Según estimaciones del sector, la edad promedio de los vehículos que circulan en el territorio nacional supera los 22 años y más de la mitad de las unidades tiene más de 15 años de uso. Se trata de una realidad que impacta la seguridad vial, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
Aunque el mercado ha mostrado señales de recuperación aún está muy lejos de lo alcanzado décadas atrás. La comparación regional permite dimensionar la magnitud del retroceso. Mientras Venezuela ensambló alrededor de 170 mil vehículos en 2007, hoy su producción se cuenta en cientos de vehículos anuales. Colombia recorrió una trayectoria distinta. La apertura de su mercado, la llegada de nuevas inversiones y la consolidación de cadenas industriales permitieron expandir la actividad automotriz hasta alcanzar más de 200 mil vehículos vendidos en 2024.
La diferencia entre ambos casos sugiere que la competitividad del sector depende tanto de la capacidad empresarial como de políticas que favorezcan la inversión, la producción y el acceso de los consumidores al mercado. Aunado a ello, los 36 mil carros vendidos en Venezuela hasta agosto de este año son un buen signo, pero no lo suficiente dado que no satisfacen las necesidades de un parque automotor integrado por millones de unidades. La demanda existe y la incorporación de nuevas marcas demuestra que también hay interés de inversión. Sin embargo, la estructura de costos sigue representando un obstáculo para ampliar el acceso a vehículos nuevos.
Ante esa situación, el país apuesta al retorno de las ensambladoras, un escenario donde los aranceles podrían tener algún sentido para defender la producción nacional. En contraste, si dependemos en 90% de la importación es un contrasentido fijar tasas arancelarias de 30, 40 o 50%, que limitan el desarrollo del país y paradójicamente atentan contras las políticas anunciadas por la presidenta (e) Delcy Rodríguez, enfocadas en un modelo de apertura como el que se aplica en la industria energética, el cual es digno de reconocer.
La compra de un automóvil no beneficia únicamente a fabricantes, importadores y concesionarios. También impulsa la actividad de aseguradoras, talleres, comercializadoras de repuestos, entidades financieras y numerosos servicios asociados.
Desde esta tribuna hemos respaldado las medidas orientadas a simplificar trámites, flexibilizar regulaciones y crear condiciones más favorables para la inversión. Bajo esa misma lógica, corresponde revisar una política arancelaria diseñada para una industria que hoy opera bajo parámetros muy distintos.
La apertura económica será más consistente cuando la política tributaria acompañe los objetivos de crecimiento, inversión y modernización que el país necesita.
