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Aunque algunos países optaron por estos instrumentos bilaterales pese a mantener un TLC vigente con EEUU, Chile rechazó esa alternativa. Sin embargo, Washington podría insistir en su propuesta.
La imposición de aranceles de 12,5% por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) reafirmó la política de America First de la administración de Donald Trump.
Las medidas surgieron tras investigaciones iniciadas a principios de este año bajo la Sección 301, vinculadas a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, al término de las cuales la entidad determinó que 60 economías quedarían sujetas a nuevas tarifas.
Chile quedó entre las economías afectadas por la sobretasa máxima de 12,5%, aplicada a productos como salmón, carnes de ave, vinos embotellados y frutas, entre otros. Estos envíos representaron en 2025 un 40,3% del valor de las exportaciones nacionales a EEUU, equivalente a alrededor de US$ 8.051 millones.
Sin embargo, de los países investigados, hubo algunos que se salvaron de los gravámenes más altos. ¿Por qué? De acuerdo con el veredicto de la USTR, “los socios comerciales que se hayan comprometido a adoptar y hacer cumplir eficazmente las prohibiciones de importación de trabajo forzoso tendrán un arancel del 10%”, ya sea que hayan impuesto una prohibición al respecto, o bien, se hayan comprometido a hacerlo mediante un Acuerdo Recíproco de Comercio (ART, por su sigla en inglés) o Acuerdo de Marco de Comercio e Inversión (TIFA, su sigla en inglés).
Así, los países sujetos a tarifas de 10% fueron Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y el Reino Unido.
Según define la USTR, los RTA son instrumentos bilaterales simplificados para fijar bases arancelarias –como un 10%– y eliminar barreras regulatorias o prácticas extranjeras que afectan el comercio estadounidense.
En tanto, los Acuerdos Marco de Comercio e Inversión sirven como el paso previo para negociar acuerdos recíprocos, ya que sentan las bases “del diálogo sobre cuestiones de comercio e inversión entre EEUU y las demás partes”.
A diferencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC), los ART y TIFA pueden ser tramitados a través de una acción ejecutiva del Presidente sin requerir la ratificación del Congreso estadounidense.
No obstante, para los abogados expertos en materia comercial de la firma de abogados Borden Ladner Gervais LLP (BLG), Les Honywill y Rambod Behboodi, no se trata de acuerdos de libre comercio convencionales, sino que de “instrumentos breves y asimétricos que utilizan el acceso arancelario para asegurar compromisos en materia de aplicación de normas aduaneras, normas técnicas, comercio digital, minerales críticos, controles a la exportación, cooperación en sanciones, trabajo forzoso, empresas estatales y prácticas comerciales de ‘países del tercer mundo’”, según lo descrito en un artículo sobre los ART de EEUU con países del sudeste asiático.
Las investigadoras del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE), Mary Lovely y Christine Wan, coincidieron en que los ART no son simples acuerdos, y sumaron a la ecuación el factor China, apuntando a que permiten construir “una estructura legal para alejar a los socios comerciales de EEUU de China y limitar su poder económico”.
Agregaron en su artículo que Washington “no solo está reduciendo las importaciones directas de China, sino que está estableciendo un marco para moldear las cadenas de valor globales en torno a sus preferencias estratégicas”.
La administración Trump ya había utilizado esta estrategia en 2025, cuando empleó los aranceles recíprocos como herramienta de negociación para obtener concesiones de otros países.
Frente a este escenario surge la pregunta de si a Chile le conviene aceptar un ART o TIFA, considerando que seis de los 17 países que quedaron sujetos a tarifas de solo 10% -Jordania, El Salvador, Guatemala, Honduras, Canadá y México- ya mantenían acuerdos de libre comercio con EEUU.
Chile, en cambio, optó por no suscribir un ART ante una eventual propuesta de Washington. La decisión de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, respaldada por los principales gremios exportadores, busca preservar el TLC vigente desde hace más de 20 años.
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