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El objetivo es crear condiciones para que quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad multidimensional puedan desarrollar una actividad productiva, generar ingresos sostenibles y alcanzar una mayor autonomía económica.

Cuba aprobó el Acuerdo 10455, que establece el Programa de inclusión económica para la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional, una iniciativa que busca favorecer su incorporación a actividades económicas y contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad mediante la generación de ingresos propios.

La iniciativa propone avanzar desde un enfoque de protección social centrado en atender necesidades inmediatas hacia otro que también promueva capacidades para que las personas puedan desarrollar una actividad económica y mejorar sus medios de vida.

Según explicó Mayli Morejón Concepción, directora del Observatorio Social y Laboral, el programa tiene como objetivo crear condiciones para que personas y hogares en situación de vulnerabilidad multidimensional puedan incorporarse a una actividad productiva, generar sus propios ingresos y fortalecer progresivamente su autonomía económica.

La iniciativa parte del reconocimiento de que la asistencia social resulta necesaria para responder a determinadas necesidades, pero puede complementarse con mecanismos que contribuyan a prevenir la reproducción de las situaciones de vulnerabilidad y favorezcan la generación de ingresos por parte de quienes están en condiciones de trabajar.

La elegibilidad está condicionada a que el hogar se encuentre en situación de vulnerabilidad multidimensional, cuente con personas aptas y dispuestas a trabajar y exista voluntad de cumplir el plan de inclusión económica que se elabore para ese propósito.

Para identificar a los posibles beneficiarios, el trabajador social aplica el instrumento de caracterización social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los resultados deben ser presentados al grupo de atención a las políticas sociales de la demarcación del consejo popular correspondiente, encargado de validar la información sobre la situación del hogar.

El programa establece prioridades para determinados grupos de población. Entre ellos figuran las personas cuidadoras que puedan desarrollar actividades compatibles con sus responsabilidades de cuidado, con prioridad para las mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos.

También se prioriza a los jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio y el trabajo, a las personas con discapacidad que tengan aptitudes para realizar una actividad económica y a quienes se encuentran en la informalidad, para los cuales la iniciativa puede representar una vía hacia la formalización.

La participación requiere, además, el consentimiento de la persona beneficiaria y su compromiso con el cumplimiento del plan de inclusión económica.

El acuerdo define los activos productivos de pequeña escala como herramientas, utensilios, maquinaria ligera, insumos y equipamientos de bajo costo, tanto para su adquisición como para su mantenimiento, compatibles con las condiciones tecnológicas y energéticas del país y adecuados para la gestión individual o familiar.

Se trata de medios que las personas puedan operar y sostener de acuerdo con las características de la actividad que desarrollarán.

La disposición agrupa los activos en tres categorías principales: agropecuarios y agroecológicos; destinados a actividades artesanales, de transformación y de servicios; y tecnológicos y de soporte digital. También pueden considerarse otros activos que los territorios identifiquen como necesarios.

La selección deberá guardar relación con las capacidades del beneficiario, la actividad económica prevista y las condiciones para mantenerla en funcionamiento.

Las solicitudes se presentan ante las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social. El procedimiento puede comenzar por iniciativa de la propia persona, mediante la identificación y atención de familias por parte de los trabajadores sociales o a través de empleadores que dispongan de fuentes de financiamiento para contribuir a la dotación de los activos.