Prácticos paralizan la actividad y desafían la desregulación de Sturzenegger: peligra el movimiento de buques en todo el país
Los profesionales independientes dejarán de aceptar nuevos servicios desde este lunes en rechazo al nuevo régimen impulsado por el Gobierno nacional. El conflicto amenaza con afectar el comercio exterior, mientras el sector prepara acciones judiciales contra la reforma.
La desregulación del régimen de practicaje y pilotaje impulsada por el Gobierno nacional abrió uno de los conflictos más delicados para el sistema portuario argentino. Los prácticos y baqueanos resolvieron cesar la aceptación de nuevos servicios desde este lunes, una medida que podría paralizar progresivamente el ingreso y la salida de buques en los principales puertos del país y afectar de manera directa las exportaciones e importaciones.
La decisión fue adoptada durante una reunión realizada este sábado por los profesionales del sector, quienes acordaron completar únicamente las maniobras ya contratadas, pero rechazar cualquier nueva operación hasta nuevo aviso.
El impacto comenzará a sentirse a medida que concluyan los servicios previamente comprometidos. Sin prácticos disponibles, numerosos buques no podrán ingresar ni abandonar los puertos, ya que la legislación mantiene la obligatoriedad del servicio para garantizar la seguridad de la navegación.
El practicaje constituye uno de los servicios esenciales del sistema portuario argentino. Los prácticos son los profesionales habilitados para asesorar a los capitanes durante las maniobras de ingreso, navegación y salida en ríos, canales, puertos y pasos de navegación compleja.
La medida alcanza a quienes operan en el Río de la Plata, el Paraná, el Uruguay, Bahía Blanca y prácticamente todo el sistema portuario nacional.
Al tratarse de trabajadores independientes, sostienen que poseen plena libertad para decidir qué contratos aceptan, por lo que consideran que no se trata formalmente de una huelga sino del ejercicio de su actividad profesional.
La protesta surge como respuesta al nuevo Reglamento de Practicaje y Pilotaje aprobado por el Gobierno mediante el Decreto 690/2026, que reemplazó la normativa vigente desde 1991.
Entre las modificaciones más cuestionadas aparece la obligación de prestar servicios "en todo momento", estableciendo como falta grave negarse a realizar una maniobra salvo en las excepciones previstas por la propia normativa.
Los profesionales consideran que esa disposición altera la naturaleza independiente de la actividad y les impone obligaciones incompatibles con el ejercicio liberal de la profesión.
El nuevo régimen también modifica profundamente el funcionamiento económico del sector.
Las tarifas pasarán a ser acordadas entre usuarios y prácticos, aunque la Agencia Nacional de Puertos y Navegación podrá fijar valores máximos para cada prestación. Además, esos montos deberán incluir todas las maniobras necesarias, impidiendo cobrar servicios adicionales salvo autorización expresa.
La norma también obliga a publicar mensualmente los cuadros tarifarios e informar periódicamente a la autoridad de aplicación los ingresos, costos y cantidad de servicios realizados.
La reforma incorpora otras modificaciones de fuerte impacto operativo.
